La población ocupada de 15 años y más en Guanajuato, por posición en el trabajo, estaba integrada, en 2019, en 72.5% por subordinados y remunerados, 4% empleadores, 19.6% trabajadores por cuenta propia y 3.9% trabajadores no remunerados.
Para nadie es desconocido que al inicio de la administración, en junio de 1995, la economía nacional, y por ende, la de Guanajuato, pasaba por la peor crisis económica que se ha vivido en el estado en décadas. En tan sólo unos meses la tasa de desempleo pasó de 2.4% a finales de 1994 a 6.2% en junio de 1995.
En las mismas fechas la población ocupada pasó de 1 millón 582 mil 715 a 1 millón 570 mil 184, en tanto los asegurados totales en el IMSS se redujeron hasta en 50 mil plazas perdidas. De igual manera aquéllos que mantuvieron su empleo vieron reducidos sus salarios reales.
El reto inmediato de la administración estaba perfectamente claro: tomar medidas que contribuyeran a reactivar la economía, recuperar los empleos, atemperar el impacto económico de la crisis en las finanzas de las familias y las empresas, y detener el deterioro del nivel de vida de la población.
De la misma importancia pero de mayor trascendencia era el reto de impulsar cambios de fondo, cambios estructurales que dieran una mayor solidez a la economía de Guanajuato, la hicieran menos vulnerable a los cambios en el entorno nacional e internacional y la prepararan para alcanzar un desarrollo sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental.
El reto, en este sentido, tenía que ver con tomar medidas de política económica dirigidas a mejorar la calidad del crecimiento, a través de la construcción de una economía más competitiva y más moderna, pero también más equilibrada y más justa, sustentada en la participación ciudadana y en una gestión responsable del medio ambiente natural.
Por supuesto, yo lo veo altamente logico
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